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El Gobierno impulsa la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de reforma para mejorar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. El objetivo es modernizar el sistema de atención, adaptándolo a las nuevas necesidades de la sociedad y permitiendo que las personas dependientes tengan mayor autonomía para elegir cómo y dónde recibir cuidados.
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Javier Rodriguez

Tabla de contenidos

Principales cambios en la Ley de Dependencia

Eliminación de incompatibilidades: Los beneficiarios podrán acceder a varios apoyos a la vez, como asistencia domiciliaria y centros de día.
Ampliación del catálogo de servicios: Se incorporan nuevas opciones para una atención más personalizada.
Teleasistencia universal: Disponible para todas las personas dependientes que vivan en su hogar.
Mayor acceso a asistencia personal: Se eliminan restricciones para que pueda usarse en más ámbitos de la vida.
Nuevos servicios: Viviendas adaptadas, préstamo de productos de apoyo y asistencia personal más flexible.
Mejor coordinación sociosanitaria: Se garantiza atención médica sin importar la ubicación del paciente.
Apoyo a cuidadores no profesionales: Se les ofrecerá formación y medidas para facilitar la conciliación laboral y personal.

Mejoras en la Ley de Discapacidad

Accesibilidad universal garantizada: Se creará un Fondo Estatal para mejorar la accesibilidad.
Reformas en comunidades de vecinos: Se facilitarán ayudas para obras de accesibilidad.
Prohibición de discriminación en seguros: Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas de seguros de vida y salud.
Reconocimiento automático de discapacidad: Quienes obtengan un grado de dependencia tendrán reconocido el 33% de discapacidad.
Supervisión de inteligencia artificial: Se evitarán sesgos discriminatorios en procesos de selección laboral.
Mayor apoyo a mujeres y niños con discapacidad: Se reforzarán sus derechos en salud sexual, reproductiva y atención temprana.

Críticas y preocupaciones

A pesar de los avances, algunas organizaciones del sector sociosanitario han expresado preocupaciones:
 
Falta de diálogo: Se critica que el Gobierno no haya consultado a los principales gestores de residencias y ayuda domiciliaria.
Incertidumbre en la financiación: No está claro cómo se costearán los cambios propuestos.
Escasez de personal: No se incluyen medidas concretas para atraer y formar más profesionales en el sector.
Dudas sobre la desinstitucionalización: Favorecer la atención en el domicilio es positivo, pero sin recursos adecuados podría afectar la calidad del servicio.

Próximos pasos

El anteproyecto pasará ahora al Parlamento, donde podrían introducirse modificaciones. El debate continuará en los próximos meses y será clave ver si el Gobierno logra garantizar una implementación efectiva de la reforma. 

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